El Foro Economía y Trabajo vinculado a organizaciones sindicales, sociales y agremiaciones PyMes, volvió a insistir en que es urgente un cambio de estrategia en cuanto al tratamiento de la deuda.
En el texto se refiere a medidas clave para ese cambio de estrategia, alertando que:
- Es en extremo grave dejar las manos libres al Presidente Milei y su Ministro de Economía, Luis Caputo cuando:
a) los compromisos por la deuda para el próximo año 2025 son superiores a los 17.200 millones de dólares más 2100 millones de dólares de bonos “Bopreal” (Anexo 2);
b) por el DNU 846/24 se elimina la obligación que establece la Ley de Administración Financiera para realizar canjes de bonos de la deuda, de exigir mejores condiciones a los bonistas en por lo menos dos de los siguientes términos: plazo, quita de capital, o intereses;
c) por el mismo decreto se extendió la capacidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del sistema previsional para mantener hasta el 70% de su cartera en títulos públicos con o sin garantías, en tanto se permite la suscripción de instrumentos de deuda pública en cualquier moneda, con otros títulos de deuda pública en cualquier divisa. Las responsabilidades del Congreso de la Nación al respecto son gravísimas pues en los hechos admite la vigencia de Decretos de Necesidad y Urgencia viciados de nulidad absoluta, declinando sus facultades e incumpliendo sus obligaciones constitucionales.
- Es imprescindible aprovechar la libertad que brinda la terminación del acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a fin del presente año (2024) para hacer una política económica y social independiente de las imposiciones del organismo. Por ello y otras razones que expondremos más adelante un nuevo acuerdo con el FMI –como busca el actual gobierno- sería nocivo e innecesario.
El documento titulado La deuda no puede mandar(II), resalta entre otros conceptos que el esquema de Carry Trade o bicicleta financiera propiciado por el Presidente Milei, es similar a los esquemas Ponzi, se sostiene mediante la entrada de nuevos participantes. Sin embargo, cuando el volumen de salida de capital supera al de entrada, el sistema colapsa, dejando como único legado la deuda acumulada por el Estado para mantener una prosperidad ficticia.
A continuación describe una batería de 18 medidas, tanto en el plano externo como en el interno, por ejemplo:
- Exigir al Fondo Monetario que asuma las consecuencias derivadas del irregular otorgamiento del préstamo Stand by al país en 2018 y establecer una urgente revisión del Acuerdo de Servicio Ampliado del FMI (SAF-EFF) de 2022 ya casi prácticamente desembolsado y cuya amortización se comenzará a pagar en septiembre de 2026.
- Establecer que el peso del pago de la deuda recaiga sobre aquellos que se beneficiaron con la misma, fugando capitales del mercado.
¿POR QUÉ HAY QUE EVITAR UN NUEVO PROGRAMA DEL FMI?
Señala finalmente: “…el actual acuerdo de Argentina con el FMI, se tomó en 2022 para pagar el préstamo que en contra de su propio convenio constitutivo otorgó ese organismo al Gobierno de Mauricio Macri en 2018-2019. Hoy solo resta que el FMI apruebe las dos últimas revisiones y desembolse el monto remanente de unos 1000 millones de dólares. No queda más dinero del FMI para entregar a la Argentina en el marco de este acuerdo, ni Argentina debe seguir sometida a revisiones trimestrales perentorias ni a cumplir condicionalidades de ningún tipo.
El gobierno viene anunciando que solicitará un nuevo acuerdo con el FMI, y éste ha sugerido que podría ser en 2025. Pero es fundamental evitar un nuevo programa con el organismo, por varias razones.
Un nuevo programa del FMI sometería nuevamente al país a cumplir sus exigencias, nocivas para Argentina y para los argentinos: devaluación, ajuste recesivo, aumento de las tarifas de la energía, importaciones sin control, apertura financiera, facilidades y beneficios al gran capital, entrega de los recursos naturales, privatizaciones, desregulaciones, degradación de los servicios públicos y de las condiciones de vida, entre otras. Si bien todo esto forma parte de las políticas del gobierno actual, la existencia de un nuevo programa con el FMI validaría aún más estas medidas, y ataría las manos al próximo gobierno. Las desventajas de un nuevo acuerdo son:
- Los montos de un nuevo programa del FMI serían ínfimos en relación con la necesidad de dólares de Argentina. El país es el mayor deudor del FMI, le adeuda casi diez veces su cuota. No hay ninguna línea de financiamiento del FMI de desembolso efectivo disponible para el país, de montos importantes. El Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad (FRS), creado con Derechos Especiales de Giro (DEG) emitidos en 2021, y en el caso que Argentina fuera elegible, sólo proveería montos muy pequeños (unos 1.500 millones de dólares, aunque algunos economistas lo estiran a 5.000 millones, pero el acceso al FRS es el 150% de la cuota o 1.000 millones de DEG, el monto que resulte menor), exige un acuerdo vigente por al menos un año y medio de plazo y fuertes reformas. Argentina quedaría nuevamente sometido a cumplir las exigencias del FMI, a cambio de un monto menor que no soluciona nada.
- Los dólares frescos no solamente engrosarían la deuda pública, sino que se destinarían a la fuga, según las inclinaciones oficiales a privilegiar lo financiero por encima de lo productivo y del bienestar de la población.
- Hasta septiembre de 2026 Argentina no tiene que hacer pagos de capital al FMI, sino de intereses y cargos, finalidad para la que ese Fondo no presta sus recursos. De manera que no tendría sentido ahora hacer un nuevo acuerdo que reprograme pagos al FMI que comenzarán dentro de dos años.
- La situación normal y deseable de los países miembros del FMI es no tener programas de financiamiento con el organismo. Esta situación es excepcional, y así debe considerarse.
- No se propone dejar de ser miembro del Fondo, sino salir de sus condicionalidades. En suma, las desventajas de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional superan largamente las ventajas, es necesario evitarlo, para romper las ataduras que impiden a los argentinos vivir dignamente y transitar un camino al crecimiento con equidad y la prosperidad compartida.
El documento está suscripto por Ricardo Aronskind, Carlos Baraldini, Gabriel Barceló, Noemí Brenta, Juan Pablo Costa, Norberto Crovetto, Raúl Dellatorre, Marcelo Di Ciano, Marisa Duarte, Eduardo Dvorkin, Roberto Feletti, José María Fumagalli, Carlos Gutiérrez, Ricardo Koss, Bernardo Lichinsky, Nicolás Malinowsky, Santiago Mancinelli, Pablo Manzanelli, Jorge Marchini, Antonio Mezmezian, Felisa Miceli, Tomás Raffo, Horacio Rovelli, José “Pepe” Sbatella, Nahuel Silva, Andrés Wainer, Eduardo Berrozpe (Coordinador).
