"Voy a seguir dando batalla en defensa de mi dignidad como argentino y como profesional desde mi lugar, contando lo que pasó en mi jury", adelantó el exmagistrado en declaraciones a la radio AM 530.
Carzoglio había sido suspendido en sus funciones en el año 2018 tras negarse a cumplir con un pedido de detención contra Hugo y Pablo Moyano por supuesta administración fraudulenta en el Club Atlético Independiente, y luego que agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) comandada por Gustavo Arribas le dieran directivas para que procediera en ese sentido.
"El jury comenzó en 2015, con imputaciones de los años 2010 a 2013 que respondían a un enfrentamiento que yo tuve con una fiscalía de Avellaneda, que no actuaba correctamente en su relación con la policía. Yo anulé un procedimiento y comencé a tener problemas con la UFI 4 de Avellaneda", describió el exjuez.
Carzoglio resultó apartado preventivamente de su cargo a fines de 2018 y a partir de allí sólo cobraba una parte de su salario a la espera de la resolución del jury, en el que lo acusaron de interferir en la elección de Colegio de Abogados de Lanús-Avellaneda, falsificación de documentos, coacción y abuso de autoridad sobre sus empleados y arrogarse competencia en causas ajenas.
Sobre esas acusaciones, el exjuez afirmó que "todo eso estaba paralizado hasta 2018, cuando me negué a dictar una orden de detención contra Pablo Moyano".
Y agregó que, en ese momento, tras negarse a dictar una orden de detención, él denunció "manejos un poco irregulares en la Procuración General bonaerense y la visita que recibí de agentes de la AFI para 'convencerme' de la necesidad de detener a Moyano".
En esa línea, advirtió que tras desoír las presiones para concretar la detención "en un mes reactivaron el jury en octubre y en diciembre se me separó de mis funciones".
"En síntesis, el objetivo era que si no detenía a Moyano iba a tener un jury como el que ayer terminó y ayer me destituyeron", analizó.
En la entrevista, el exjuez denunció incluso que hasta la finalización del jury hubo "maniobras" por parte del procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, "que entorpecieron el desarrollo del proceso".
En ese sentido, dijo que "el acusador, el procurador (por Conte Grand), nos trató con soberbia y falta de respeto. Se afectaron las garantías del debido proceso y derecho de defensa en juicio".
Tras la declaración de 85 testigos la semana pasada -55 de los cuales fueron propuestos por la defensa del magistrado, encabezada por el abogado Diego Raidán-, el jurado definió ayer la destitución e inhabilitación del magistrado.
La decisión adoptada en los tribunales de la ciudad de La Plata fue leída por el secretario de la Comisión Permanente, Ulises Giménez, tras el voto de los integrantes del jurado que estuvieron presentes al momento de la decisión.
Los integrantes del jurado que votaron a favor de la destitución e inhabilitación fueron la jueza Hilda Kogan (presidenta del cuerpo); los abogados Graciela Beatriz Amione, Pedro Jorge Arbini Trujillo, Jorge Pablo Martínez, Pablo Esteban Perrino y Juan Emilio Spinelli.
También votaron para que Carzoglio fuera destituido e inhabilitado los legisladores de Juntos por el Cambio Ismael Santiago Passaglia y Érica Revilla, como también Walter Héctor Carusso, de Espacio Abierto (corriente interna de la UCR y JxC ligada al intendente de San Isidro Gustavo Posse).
En tanto, las dos legisladoras del FdT que formaban parte del jurado, Débora Galán y Maite Alvado, no estuvieron presentes al momento de la votación.
Desde 2018, Carzoglio denunció que tras rechazar el pedido de detención del secretario adjunto de Camioneros Pablo Moyano que había firmado el fiscal Sebastián Scalera recibió la visita de dos agentes jerárquicos de la AFI de la gestión de Mauricio Macri.
Los dos agentes de inteligencia eran Rubén Di Pasquale y Juan Sebastián De Stéfano, quienes le insistieron en la necesidad de detener a Moyano e incluso, dijo Carzoglio, le llegaron a entregar un borrador de la resolución que debía firmar.
Tras esa negativa, el entonces juez de Lomas de Zamora fue denunciado por Conte Grand por supuestas irregularidades en el desempeño de su función.
Según la acusación del ministerio público fiscal, el ahora exjuez de Garantías intervino en amparos sin haber sido sorteado, dictó órdenes de allanamientos sin fecha y ordenó beneficios a presos vinculados a expedientes ajenos.
Conte Grand también lo denunció por "formular expresiones indecorosas y agresivas" contra una agente fiscal, por "maltrato" al personal de su juzgado y por supuestas irregularidades al ordenar un allanamiento en el Colegio de Abogados de Avellaneda-Lanús.
Así, primero se lo apartó en forma preventiva por 90 días y luego se resolvió directamente suspenderlo y ayer fue destituido e inhabilitado para ejercer el cargo.
