La iniciativa de las diputadas provinciales de Unión por la Patria, Maite Alvado y Soledad Alonso, busca una justa actualización de los montos de las indemnizaciones por créditos laborales que resultan de los juicios en la Provincia de Buenos Aires, evitando que pierdan poder adquisitivo por inflación.
El proyecto de beneplácito presentado en el Congreso Nacional expresa que el proyecto provincial “pretende reparar una grave injusticia que padecen quienes trabajan en la Provincia de Buenos Aires respecto de quienes lo hacen en la C.A.B.A., donde la tasa aplicable por la Justicia Nacional del Trabajo es más beneficiosa, afectando la garantía constitucional de igualdad ante la ley.”
También explica que en la Provincia de Buenos Aires “la tasa de interés aplicable a las indemnizaciones laborales es mucho menor que el índice inflacionario, por lo que luego de 6 o 7 años de litigio, el monto real que recibe el trabajador es, en la mayoría de los casos, menos de la mitad de lo que debería haber recibido”.
Sobre el proyecto y las versiones que surgieron en estos días, la diputada Soledad Alonso expresó: "No estamos ajustando o subiendo las indemnizaciones, estamos tratando de llevar un poco de justicia a las sentencias de los juicios laborales. Tengamos claro que si hubo un juicio es porque el pago de la indemnización no se hizo en tiempo y forma, ya sea porque el empleador se negó a pagar o porque oferto un monto que no era el que correspondía, es decir que en lugar de cobrarla inmediatamente luego de finalizada la relación laboral la va a cobrar una vez que el juicio tenga sentencia."
Y remarcó: "Para que la sentencia no este desactualizada respecto de la inflación es importante que la misma se actualice, y la tasa pasiva actual está muy lejos de la realidad económica: Para que haya alguna relación entre el valor que tenía originalmente y el valor que tiene al momento de poder hacerse efectiva, es fundamental que se ajuste por el índice CER, que es determinado por el Banco Central, y una tasa pura del 6% anual."
Finalmente, Alonso recalcó: “Cuando el empleador no paga la indemnización, se llega a un juicio laboral y durante los 5 años que duró el juicio, ¿qué hizo el empleador que se quedó con la plata del trabajador? La pudo invertir y ganar dinero, por ejemplo, a través de un plazo fijo que tiene crédito a tasa activa, mientras en este caso se niegan a pagar con una tasa de ese tipo”.
Manifestaron también su apoyo a la iniciativa la Corriente Federal de los Trabajadores, la Confederación General del Trabajo regional Morón, Ituzaingó y Hurlingham; la regional Villa Mercedes; la regional Las Flores y la regional Moreno, Mercedes y Carlos Paz. En sus comunicados, las regionales de la central obrera destacaron que el proyecto busca la protección del trabajo contra los abusos del despido arbitrario.
